Se demoró mucho en llegar, pero finalmente el bautizado como el impuesto Tobin entrará en vigencia el 18 de enero. Este impuesto del 0,2% a las transacciones financieras no afectará los pagos entre particulares ni los movimientos entre cuentas de ahorradores sino que gravará las operaciones de compra de acciones de sociedades con más de 1.000 millones de euros de capitalización bursátil. Parece mucho y muy lejano, pero lo que en principio podría afectar a una minoría de inversores que hacen un recorte en la bolsa, podría acabar repercutiendo en los ahorradores que decidieron depositar parte de sus ingresos en fondos de inversión. para lograr un pellizco. Y es que este impuesto se cobrará cada vez que el gestor, intermediario (broker), realice una operación de compra sobre alguna de las 56 empresas que superen el umbral de los 1.000 millones en España.

La lista elaborada por la Agencia Tributaria sitúa al gigante textil gallego, Inditex, en primera posición. La empresa fundada por Amancio Ortega está valorada en 82.778 millones de euros. La compra de un paquete de 100 acciones de la empresa coruñesa costó ayer 2.662 euros. Hacienda no se quedó con nada de ese pastel, hasta ahora. Pero a partir del 18 de enero reclamará el 0,2% de la contraprestación. Eso encarece la operación de compra en 5,3 euros, pero un inversor puede realizar decenas de operaciones al día para distintos clientes, por lo que el coste final puede ser mucho mayor.

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La plata y el bronce de la lista son para Iberdrola y Banco Santander, valorados en 71.501 y 46.455 millones respectivamente. Hay empresas de todo tipo y tamaño, desde las que se han revalorizado un 247% este año, como Solaria, a las que se han dejado más del 60% de su valor, como IAG o Banco Sabadell. Pero también hay firmas ajenas al Ibex 35 que entran en la lista elaborada por Hacienda -que se actualizará cada diciembre con nuevas incorporaciones y bajas- y que cotizan en el Mercado Continuo, como Prosegur o Applus Services. Independientemente de su fluctuación a lo largo del año, lo importante es el valor de mercado con el que llegan en diciembre.

El impuesto no afectará las transacciones financieras de operaciones que tengan que ver con pymes y empresas no cotizadas. El pago del impuesto se debe realizar mensualmente, alrededor del día 20, aunque comenzará el 22 de febrero.

El Gobierno español, al igual que el francés o el italiano, decidió introducir este impuesto debido a las dificultades de articular un impuesto armonizado en la Unión Europea sobre el sector financiero desde hace años. Primero, se habló de un tipo para los bancos, pero la respuesta obligó al Ejecutivo a limitar el alcance del impuesto con el que espera recaudar unos 850 millones de euros en 2021. Una estimación optimista según la Comisión Europea, la AIReF y la propia realidad . Donde ya funciona, acaba recaudando menos de la mitad de lo planeado inicialmente.

El impuesto Tobin ha estado acompañado de mucha controversia. No solo por los obstáculos que ponen algunos países europeos como Austria, Holanda o Irlanda, sino también por la forma en que se ha articulado. Es un impuesto complejo con efectos impredecibles. El expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, admitió el pasado mes de junio que tendrá "efectos" en los mercados y las inversiones debido al "pequeño coste superior" que acabarán sufriendo las empresas españolas. Eso sí, si te miras al espejo de Francia o Italia, "tampoco ha sido un drama".

El gran temor que tienen los expertos es que a medida que las operaciones de compra de acciones de las grandes empresas españolas se encarezcan, pierdan atractivo a ojos de los inversores, que podrían verse tentados a trasladar sus operaciones a otros mercados sin barreras ni impuestos en un momento de especial debilidad por el parquet español.

Además, existen otros dos efectos colaterales: el primero es que el coste para el intermediario financiero acaba traspasándose al cliente en forma de mayores comisiones. El segundo efecto es la pérdida de rentabilidad de los fondos de inversión. Si es más costoso administrarlos, el porcentaje de rendimiento será menor, por lo que los inversores también pueden perder. El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, advirtió este año de la posible fuga de fondos a otras jurisdicciones sin esta tasa que podría provocar que los fondos de inversión pierdan el 7,4% del activo total en 25 años, según la patronal. Sin embargo, hay quienes señalan que será la calidad de la inversión y no el impuesto lo que inclinará a los intermediarios a elegir el mercado español y no otro competidor.

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